Representante legal desmiente “fecha tope” para ejercer la nueva demanda por los implantes PIP

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E El abogado Gilberto Antonio Andrea González, representante legal de la Asociación de Mujeres Venezolanas Afectadas por las PIP (Asomuvenapip), informó este jueves de los avances del caso de las portadoras de las prótesis mamarias francesas, que acudieron al tribunal francés que lleva la demanda en contra de la compañía Poly Implant Phothèse lrixr.

"Hay muchas fuentes de información que no son del todo confiable”, dijo en Noticias24 TV al ser consultado por el caso, al tiempo que denunció que existe “un mercadeo jurídico” del mismo.

Desestimó el reciente llamado que realizó Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), quien informó ayer que hasta el viernes 14 de noviembre las afectadas tienen oportunidad para adherirse a la demanda mundial contra los fabricantes de los implamentes PIP. Sobre esto, Andrea González aclaró: “No considero que exista una fecha tope en virtud de que va a ser una nueva demanda y esta se hace en base a un precedente”, y añadió que no existe prescripción porque es una sentencia reciente.

E l profesional del derecho sostuvo que “esas fechas topes se están manejando en base a un mercadeo jurídico, con la idea de crear angustia en las afectadas y que se unan a sus asesorías”.

O freció un breve informe del caso y explicó “no es un solo tribunal el que lleva la demanda, sino tres, no es un solo responsable. Hay personas naturales y jurídicas involucradas en el caso, imputadas en diferentes niveles, unas a nivel penal, otras a nivel administrativo y otras con la obligación de responder a la indemnización”, detalló.

E numeró las personas naturales y las compañías jurídicas que fueron sentenciados tras difundirse la afectación que generaron las prótesis PIP en un gran número de mujeres de varios países del mundo. Precisó que en Francia existen al menos 7.500 víctimas que pidieron ser indemnizadas.

E n el caso de Venezuela, indicó que el gabinete jurídico impulsó “una primera campaña de recolección de firmas para agregar a las afectadas, pero se han ido anexando las rezagadas, es decir aquellas mujeres que no atendieron el primer llamado”.

"Las venezolanas ahora es que van a iniciar el nuevo reclamo”, informó.

G ilberto Antonio Andrea denunció además que algunos abogados estén cobrando en dólares anticipados a la acción: “No es positivo jugar al negocio con casos relacionados con la salud”, señaló.

Cifras en Venezuela y próximas acciones

"Tenemos registradas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) unas 3.000 firmas, unas continúan con la acusación en Francia, otras se plegaron a la acusación penal”, puntualizó.

D e la misma forma, manifestó que adelantan una sentencia que les otorgué el mismo poder para que “sea utilizado para darle continuidad contra el certificado TUV”.

A cotó que “simplemente se apegará al precedente que tienen 1.518 mujeres que tuvieron la indemnización”.

"En Venezuela está en curso la ejecución de la medida que dictó el TSJ, que ordena la atención prioritaria de la víctima que tenga una ruptura de la prótesis y sea portadora de prótesis PIP. Las afectadas tienen derecho a que le entreguen sus nuevas prótesis y que su médico tratante le dé la atención gratuita en algún centro asistencial”, recordó.

Fuente: noticias24.com

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